Una familia pasó de ser víctima en una causa por homicidio a acusada de posible venta de estupefacientes, a partir de las declaraciones de testigos durante un juicio oral. La Sala III en lo Penal condenó a un hombre por un crimen ocurrido en Alderetes en 2016, pero en el mismo fallo dispuso remitir a la Justicia Federal la investigación por presunta comercialización de droga contra los Figueroa, quienes habían llegado al proceso como damnificado por el delito de abuso de arma de fuego.

Daniel Medina fue penado a 12 años de prisión por la muerte de Nicolás Bustos, registrado el 5 de junio de 2016. Ese día, Medina había arribado durante la noche a la vivienda ubicada en calle Ayacucho y pasaje 12 de Octubre e hizo varios disparos. Como consecuencia del ataque, Bustos recibió una bala en el hombro y terminó sentado en el suelo. Veintinueve días después, falleció por una sepsis generalizada, causada por la herida de la bala.

Según la sentencia, firmada por los jueces Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Diego Lammoglia, la casa de Alderetes pertenecía a Verónica y Ezequiel Figueroa, y en el momento del hecho había entre siete y 10 personas en el lugar. Durante la audiencia oral, “todos los testigos presenciales” reconocieron haber estado consumiendo drogas aquella noche en el interior de la vivienda. No obstante, los Figueroa fueron más cautos y no mencionaron la presencia de estupefacientes en la casilla. Los declarantes describieron que consumían “papel”, “base” y “paco” y que allí también se vendían sustancias ilícitas.

Venta usual

Las distintas personas recordaron también que antes del hecho se vendían sustancias ilegales. En la audiencia señalaron a la dueña de casa, una tal “Mónica”, aunque aclararon que ella ya no vivía ahí. Se había ido junto con su esposo “Cucha” y su hijo menor. Sin embargo, sus otros hijos estaban aún en esa casa.

Un testigo, en particular, señaló que los vendedores eran los dueños de la casa. Incluso, enfatizó que durante la noche del ataque estos sí comercializaban droga. Conforme a las descripciones, la casa estaba vacía y era utilizada por adictos. “Era un aguantadero donde se vendía droga y todos allí estaban consumiendo”, dijo el imputado Medina en su declaración.

Teniendo en cuenta esos elementos de prueba, la Sala III dispuso la investigación por “la posible comisión de algunos de los delitos previstos en la Ley de Estupefacientes (23.737), por parte de Mónica Palavecino, Sergio Antonio Figueroa (a) “Cucha”, Verónica Giselle Figueroa y Ezequiel Antonio Figueroa”.

En el requerimiento de elevación a juicio oral, efectuado por la fiscalía de Instrucción, Verónica y Ezequiel Figueroa figuraban como víctimas del posible ilícito de abuso de armas de fuego. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) no sostuvo esta acusación en el alegato. En cambio, la defensa del acusado pidió la apertura de la investigación por aparente narcomenudeo.